miércoles, 15 de febrero de 2017

El triángulo nuclear entre Teherán, Caracas y Buenos Aires: los antecedentes de un pacto letal



La muerte del fiscal especial para el Caso Amia, Alberto Nisman, fue uno de los hechos mas dramáticos de la historia reciente de Argentina. Su cuerpo fue hallado el 18 de enero de 2015, justo el día anterior a su declaración ante el Congreso argentino. Se esperaba que Nisman revelara los indicios de un pacto entre el gobierno argentino y sus pares iraníes para deslindar a los persas de toda responsabilidad por el atentado que mató a 85 personas en marzo de 1994. 



Mientras comenzaba una torpe maniobra gubernamental para desordenar la escena de la muerte del fiscal, comenzaron a correr rumores sobre las razones que habían llevado a alguien a suicidarlo. Un posible pacto que involucra cientos de millones de dólares y el traspaso de tecnología nuclear argentina a Teherán intermediado por el régimen venezolano, comenzó a ser citado como parte de lo que hubiera denunciado Nisman de haber llegado a declarar ante los parlamentarios.

Teherán nuclear
El programa nuclear de Irán fue iniciado involuntariamente por un gobierno peronista, pero en 1973. Fue en esos días que un grupo de siete científicos nucleares fueron despedidos por el presidente Héctor Cámpora a causa de sus ideas políticas. El régimen del Sha Reza Pehlevi decidió contratarlos al tiempo que creaba la Agencia Atómica Iraní. 

El plan de investigaciones nucleares persa continuó cuando triunfó la revolución de los Ayatolas y en 1985 el gobierno iraní firmó un convenio con Argentina para intercambiar tecnologías y conocimientos en ese campo. Esa colaboración incluyó la provisión de más de cien kilos uranio enriquecido al 20% desde la Argentina. Ese material servía para hacer funcionar un reactor de investigación, pero era inservible para fabricar artefactos nucleares.


La colaboración argentino – iraní continuó hasta 1994, momento en que las investigaciones por el atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires condujeron a la pista de un grupo de diplomáticos iraníes como instigadores del ataque.

Los iraníes continuaron sus investigaciones nucleares sin asistencia argentina, favorecidos por la culminación de un contrato que habían firmado en los meses finales de 1988 que les permitió recibir de Buenos Aires la tecnología para seguir de manera independiente el proceso de purificación de uranio.

El esfuerzo iraní para avanzar en la purificación de uranio es una de las actividades que más atrajo las sospechas de Occidente respecto al carácter pacífico del plan atómico iraní, ya que si bien esa senda puede conducir a la producción de combustible para centrales nucleoeléctricas, es la misma ruta que con un pequeño desvío lleva a la construcción de armas nucleares. De hecho, la purificación de uranio es una de las tecnologías en las que más ha avanzado el plan atómico iraní, según lo explicó en su momento DaríoJinchuk, quien fuera Jefe de RRII de la Comisión Nacional de Energía Atómicaargentina y quien actualmente se desempeña como consultor de la OIEA. Jinchuk explica que Irán no necesita uranio enriquecido de Argentina y a lo sumo, lo que precisa es asistencia en el manejo de “agua pesada”, tecnología que permitiría que el material ya usado en su central atómica iraní de Arak sea convertido en plutonio, materia prima para la elaboración de armas nucleares. Argentina ha avanzado tanto en ese campo, que su central de agua pesada en la localidad de Arroyitos es una de las más eficientes del mundo.

Una alianza radioactiva
La búsqueda de uranio para abastecer a su plan nuclear, llevó a Irán a ampliar su alianza estratégica con el régimen chavista venezolano. La existencia de reservas de uranio en el Macizo Guayanés y probablemente en los estados de Navay y Tachira, hizo suponer que Caracas estaba interesada en suministrar mineral de uranio a su aliado en Medio Oriente. 

Esta suposición se hizo más fuerte con la instalación de empresas iraníes en Venezuela cuyo propósito fue origen de sospechas. Es el caso de la fábrica de tractores Venirán y la cementara Cerro Azul, instaladas con fondos persas y cuya actividad fue protegida como si se tratase de instalaciones militares. En una investigación del diario ABC de España, se reveló que las autoridades de Caracas impusieron una restricción a losvuelos aéreos sobre la cementeras, cuya localización sobre el Orinoco le permitiría recibir cargas de minas de uranio localizadas río arriba, que se supone están inactivas. 

La cementera demandó una inversión de 750 millones de dólares y seis años después no había logrado ponerse en marcha.

Tampoco la fábrica de tractores cumplió las expectativas de producir 3 mil unidades anuales y la presencia de la Guardia Bolivariana custodiando los alrededores de la planta tampoco permitió saber que hacen los operarios iraníes importados para manejarla.

Otra de las zonas en las que no se permite el sobrevuelo es la mina de oro de del estado de Bolívar, cuya explotación está en mando de la empresa iraní Impasco. La concesión que la favorece está precisamente en la parte alta del Orinoco que fuera identificada como reservorio de uranio.
La zona había recibido anteriormente la visita de geólogos iraníes que elaboraron un estudio de los reservorios de uranio bajo contrato del Instituto de Industrias y Minas venezolano. Ese estudio fue presentado en 2007 por Hugo Chávez ante la OIEA dentro de un documento que anunciaba la construcción la primera planta nuclear de ese país.


En 2008, el gobierno de Israel acusó abiertamente a Venezuela de estar proveyendo de mineral de uranio a Irán. Aquella acusación, se producía al mismo tiempo que la prensa internacional sumaba elementos para suponer que Irán y Venezuela estaban involucrados en una operación secreta para exportar uranio para abastecer al plan nuclear persa.
La cadena Associated Press hizo público en mayo de 2009 uninforme secreto del gobierno israelí preparado en ocasión de la visita del viceministro de Relaciones Exteriores de ese país a la región. En el reporte, sus agentes habían llamado la atención sobre el incremento de la actividad diplomática iraní en Venezuela y Bolivia con el fin de proveerse de uranio para su plan nuclear. El alerta israelí tenía mucho que ver con el peligro que percibían en el avance del plan nuclear iraní y las expresiones de su presidente Ahmadineyad que prometían “borrar a Israel del mapa”.


Tanto Teherán como Caracas y La Paz desmintieron 
estar comerciando uranio y Ahmadineyad volvió a asegurar que su programa nuclear tenía propósitos pacíficos. Para ese momento, Irán ya había comenzado a sentir la presión internacional a causa de su plan nuclear. En efecto, el 23 de diciembre de 2006 el Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado la Resolución 1737 que le imponía sanciones económicas por las sospechas sobre el propósito de sus actividades atómicas. Meses antes, el presidente Ahmadinayed había anunciado el reinicio de las actividades en las instalaciones de Natanz y la puesta en marcha de nuevas plantas de centrifugado de uranio.

El 22 de enero, el gobierno iraní prohibió el ingreso de inspectores de la OIEA a sus instalaciones de investigación y la ONU redoblo su apuesta al aumentar las sanciones por medio de la Resolución 1747. El 8 de abril del año siguiente, Irán anunció la puesta en marcha de 8.000 centrifugadoras de uranio adicionales en Nanatz.

El tira y afloja entre Irán y la comunidad internacional siguió por años; mientras aumentaban las sanciones, Teherán anunciaba nuevos avances en su programa atómico. El 5 de diciembre de 2010, informó que, pese a las restricciones, había logrado la autosuficiencia en la producción de polvo de uranio para sus plantas nucleares. Esto ocurría dos meses después que la OIEA informara que Irán poseía material suficiente para producir dos o tres armas nucleares.

Al año siguiente, Teherán volvió a desafiar las sanciones al anunciar con unos meses de diferencia que triplicará su producción de uranio enriquecido y la puesta en marcha de la planta de Busher, terminada por una empresa rusa y con tecnología que, según afirmaron algunas fuentes, resultaba sugerentemente similar a la que había sido usada para construir las centrales nucleares argentinas de la serie Atucha.

En pocos años y pese a las sanciones en su contra, el régimen iraní había logrado desarrollar un exitoso programa nuclear autónomo. Recién cuando el reformista iraní Hasan Rohani ganó las elecciones en Irán en junio de 2013, la tensión comenzó a ceder. El 19 de septiembre siguiente, Rohani aclaró que su país “no desarrollará armas nucleares bajo ninguna circunstancia”. Sin embargo, para los expertos de la OIEA aquella expresión llegaba tarde, dado que Irán había logrado avanzar lo suficiente como para convertirse en potencia nuclear. De todos modos, la salida de Ahmadinayed trajo consigo el fin de las sanciones gracias al acuerdo firmado por las partes el 14 de julio de 2015.

No habían importado las restricciones que la había impuesto ni el embargo, que le impedía negociar acuerdos de cooperación con países poseedores de tecnología atómica. De algún modo, los persas se las habían ingeniado para cumplir con sus metas nucleares.

Lo cierto es que el petróleo iraní siguió fluyendo hacia occidente y oriente, mientras la diplomacia hacia su juego de reclamos escritos y declaraciones de funcionarios ofendidos. Las inmensas cantidades de dólares obtenidos en el comercio fluyeron por los carriles habituales y el mercado negro de la tecnología nuclear proveyó de aquello que el embargo no permitía obtener a la luz del día.

La denuncia de Eliaschev
El 26 de marzo de 2011, el periodista argentino AlbertoEliaschev publicó un artículo en el diario Perfil en el que denunciaba la existencia de un pacto secreto entre el gobierno iraní y las máximas autoridades de la administración de la presidente argentina Cristina Kirchner.

Eliaschev reveló que el canciller argentino Héctor Timmerman mantuvo una serie de reuniones con su par iraní, Alí Akbar Salehi, en la ciudad siria de Alepo en los días 23 y 24 de enero de 2011. El ministro de Relaciones Exteriores sirio, Walid Al-Mohalem, había participado también del conclave secreto. Recordemos que para la justicia argentina, el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 había sido obra de iraníes, pero que además existía una presunción de la participación de agentes sirios en el ataque.

En esa reunión se había pactado que el gobierno argentino propiciaría la absolución de Irán como instigador del atentado de 1994. En principio, el acuerdo buscaría aumentar el comercio bilateral a cambio de lo cual se aseguraba la impunidad por un ataque que causó la muerte de 85 personas en el centro porteño, aunque aquel logro resultaba poco creíble si se consideraba que se ofrecía lo que podía obtenerse por medio de misiones comerciales.

Eliaschev fue atacado con dureza y desmentido duramente por el gobierno argentino y por los periodistas adictos a la pauta estatal, incluso luego de su muerte en noviembre de 2014. Sus detractores tuvieron que callar cuando el propio gobierno se vio obligado a reconocer la existencia de esas reuniones. La salida al escándalo que significaba haber pactado con una potencia extranjera sospechada de haber participado en el mayor acto terrorista ocurrido en el país, fue reconocer las negociaciones y enviar un proyecto al Parlamento para que los legisladores le dieran el aval correspondiente.

Aunque el Memorándum fue aprobado por la mayoría oficialista del kirchnerismo, la suposición de la existencia de otros negocios y pactos no revelados en torno a la diplomacia secreta con Teherán, se hicieron cada vez más fuertes. Después de todo, se sospechaba del mismo grupo que había asegurado en un principio que no habían existido negociaciones secretas entre los gobiernos argentino y el iraní.

A la denuncia de Eliaschev, se le sumó otra proveniente de miembros del partido republicano de los EEUU. El 8 de julio de 2011 los congresistas norteamericanos Ileana Ros-Lehtinen, Connie Mack y David Rivera le enviaron una carta a la Secretaria de Estado de su país, Hillary Clinton, advirtiendoque Irán estaba recibiendo tecnología atómica argentina usando a Venezuela como intermediario. La carta era acompañada con un pedido para que se prestase mayor atención a la penetración iraní en la región Latinoamérica y vigilara las relaciones entre Buenos Aires y Teherán que pudieran implicar asuntos nucleares. No se tiene constancia de una respuesta de parte de Hillary Clinton aunque el asunto llegó a ser tratado dentro del parlamento de ese país.

Por un tiempo, la posible existencia de un triángulo atómico entre kirchneristas, chavistas y persas se mantuvo lejos de las primeras planas. Sin embargo, las suposiciones de un pacto nuclear entre Argentina e Irán renacieron cuando un medio brasileño hizo una revelación impactante.

La revelación de Veja
El 14 de marzo de 2015, la revista brasileña Veja publicó un artículo que involucró directamente al régimen chavista como mediador de la transferencia de tecnología nuclear entre Argentina e Irán. El corresponsal de Veja en Washington, Leonardo Coutinho, entrevistó a tres de los doce informantes venezolanos que colaboran con la justicia norteamericana desde 2012 en un caso por tráfico de drogas que involucra a los máximos dirigentes del régimen chavista.

Los informantes revelaron, en tres entrevistas realizadas por separado, que habían presenciado la reunión que mantuvo el entonces presidente venezolano Hugo Chávez con su par Mohamed Ahmedinejad el 24 de enero de 2007, en la que el mandatario persa requirió asistencia para obtener tecnología atómica argentina y levantar el pedido de captura a una decena de dirigentes iraníes investigados por el ataque a la AMIA. La respuesta de Chávez habría sido “me encargaré personalmente de esto”.

En su artículo, Coutinho reveló que los arrepentidos venezolanos “estaban presentes cuando los representantes de Irán y Venezuela discutieron, en Caracas (…) los representantes del gobierno argentino recibirían grandes cantidades de dólares a cambio. A cambio de ese dinero, dicen los chavistas disidentes, Irán pidió que la autoría del atentado fuera encubierta”.

Uno de los gestores de esos acuerdos sería nada menos que Tareck El Aissami, ex gobernador del estado venezolano de Aragua, nombrado días atrás vicepresidente por Nicolás Maduro. El segundo en la línea de sucesión en Caracas fue mencionado en las investigaciones del diario The Wall Street Journal como el nexo entre Venezuela, Irán y Siria en tiempos en que se negociaba el desvío de tecnología y materiales nucleares hacia Medio Oriente a cambio de jugosas cantidades de divisas.

Tareck El Aissami fue sancionado por el gobierno de los EEUU por sus vínculos con el narcotráfico y con grupos terroristas. En base a documentos de inteligencia, se le acusa de haber provisto de documentos falsos a integrantes de Hizbollah, un aliado y protegido histórico del régimen teocrático iraní. El Aissimi, tiene bajo su control el sistema de registro de identidades de Venezuela y se sospecha que entregó documentos falsos a miembros de esa organización para facilitarles sus viajes internacionales. 

El nombre del segundo al mando en el régimen chavista y siempre de acuerdo a los arrepentidos que declararon en EEUU, aparece citado como el encargado de gestionar el envío de dinero que lubricó el acuerdo nuclear secreto con Argentina. Las divisas, fueron blanqueadas en parte como aportes de campaña durante la primera carrera presidencial de Cristina Kirchner. 

Fue precisamente el 4 de agosto de 2007 que el venezolano Guido Antonini Wilson fue detenido en la aduana de Buenos Aires cuando intentó ingresar con 800.000 dólares no declarados. Wilson había llegado en un avión privado de la petrolera venezolana PDVSA acompañado por varios funcionarios de alto nivel del gobierno de Néstor Kirchner. Pese al escándalo que generó el incidente y que la administración de Cristina Kirchner negó tener vínculo con él, dos días después fue detectado en un acto oficial en la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino. 

El período que va desde que Chávez informó que se encargaría personalmente de negociar con los argentinos en favor de los persas por el tema nuclear, coincide con la época en que Teherán logró sus mayores avances tecnológicos en esa área. Nada prueba que esos logros se deban a la intervención argentina, aunque tampoco se puede soslayar hechos tan significativos como la firma de un acuerdo de cooperación nuclear entre Argentina y Venezuela en 2005, cuyo objetivo era instalar un reactor nuclear tipo CAREM de 150 Kw desarrollado por científicos argentinos. El aparato iba a ser instalado en la región petrolera del Orinoco para ser usado en el procesamiento de crudo. Nunca llegó a concretarse, pero se tiene constancia de la existencia de delegaciones que realizaron un constante intercambio tecnológico hasta 2012 sin que se construyera ningún reactor en el Orinoco.

El fiscal Nisman, mientras tanto, siguió trabajando en el análisis de la red de complicidades que había ocultado a los autores del ataque de la AMIA. En ese trámite, es que comenzó a prestar atención a las actividades de los argentinos que negociaban con Irán y de aquellos que, sin ser funcionarios, estaban ligados al gobierno y oficiaban como miembros de la democracia subterránea con Teherán. En ese camino, se encontró con la presencia del gobierno bolivariano de Caracas.

Traición a la patria
Aun no se sabe cuáles eran los documentos que pretendía mostrar Nisman ante el Congreso para fundamentar su acusación contra la entonces presidente Cristina Kirchner, imputación que podría haber escalado incluso al delito de “traición a la patria” por haber negociado a favor de potencias extranjeras un pacto que lesionaba los intereses nacionales. Su presentación preliminar está cargada de referencias al pacto entre Cristina Kirchner y los iraníes para ocultar la verdad de lo sucedido en 1994 en la sede de la AMIA.



En los documentos que llegó a mostrar públicamente, se revela la existencia de una conspiración a favor de Irán que incluía a la presidente, a su canciller y a otros personajes de su periferia política como el dirigente social Luis D´Elía, el jefe de la juventud kirchnerista, Andrés “cuervo” Larroque, al hombre de confianza del régimen iraní en Buenos Aires, Yusuf Khalil y a Fernando Esteche, un hombre ligado a los grupos más oscuros de la comunidad “revolucionaria” de los servicios de inteligencia, que además financió su actividad con dinero de la embajada iraní en Buenos Aires.

Entre las referencias dadas por Nisman en su denuncia, se cita una declaración del dirigente kirchnerista Luis D´elía, que en abril de 2010 habría admitido estar a favor de un acuerdo de cooperación para colaborar con el programa nuclear con Irán y otras menciones a la intención iraní de hacerse con tecnología atómica.

En otras partes de la denuncia, se da cuenta la actividad del ex embajador venezolano en Argentina, Roger Capella, como parte de la negociación del Memorándum entre Argentina e Irán, que para Nisman era una de las piedras angulares de su acusación contra la entonces mandataria por entorpecer la búsqueda de la verdad en la causa AMIA. En la página 223 del último escrito que presentó, se explica que “durante su estadía en Argentina, el embajador Roger Capella trabó una aceitada relación con distintas agrupaciones sociales argentinas, financiando a referentes como Luis D’Elía y Fernando Esteche con viajes, becas y otros recursos”. Esas afirmaciones coinciden con las de los chavistas arrepentidos entrevistados por Veja, que dicen haber presenciado las reuniones en las que se discutió el impacto que tendría la investigación que llevaba adelante el fiscal Nisman y la denuncia que podría involucrarlos.

La sospecha respecto de un capítulo nuclear en la relación entre Irán, Argentina y Venezuela nunca pudo ser demostrada porque el fiscal que debía presentar pruebas de ello nunca llegó al recinto donde debía demostrar que se trataba de un hecho.

En el documento de su denuncia, el fiscal Nisman hace otras referencias a la presencia de la cuestión nuclear en la negociación con Irán, demostrando que estaba al tanto de las suposiciones que corrían el mundillo de las relaciones internacionales sobre un posible pacto secreto entre ambos países en ese rubro.

A la distancia, no pareciera que un pacto secreto para aumentar el comercio bilateral a cambio de dar por cerrado un caso judicial fuera suficiente para mandar matar a un fiscal. Menos aún, la existencia de aportes en negro a una campaña presidencial, acusación que el kirchnerismo ya debió soportar cuando se probó que recibía dinero de traficantes de drogas o proveedores estatales. Quizás, había algo más en lo que podía revelar el fiscal que ameritara tomar una decisión tan grave.



Tras su muerte, la investigación que llevaba adelante Nisman fue clausurada por el juez Daniel Rafecas, quien decidió darla por concluida en cuestión de horas. Fue tan poco el tiempo que transcurrió entre que recibió la causa y el momento que decidió darla por cerrada, que resultaba lógicamente imposible que hubiera alcanzado a leer los miles de fojas del expediente y repasar las 5.000 horas de escuchas que contiene. Rafecas fue siempre un juez obediente al kirchnerismo, al igual que los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, que confirmaron en su momento el cierre propiciado por el juez que revisaba las causas en tiempo record.

Tras cinco intentos de la AMIA y los grupos de la justicia argentina que reclamaban la reapertura de la causa, el 27 de diciembre pasado la Cámara de Casación ordenó retomar las investigaciones de Nisman.

Con la reapertura de la causa que investiga a Cristina Kirchner, se abre la posibilidad de explorar nuevamente los motivos que llevaron a la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y saber que se negoció en las sombras en aquella reunión en Alepo.



Los elementos para suponer que además de dinero e impunidad se podrían haber negociado la venta de tecnología nuclear, no son pocos. Las pistas que indicarían que algunos de los involucrados podrían haber cobrado pequeñas fortunas por ello, también deben ser tenidas en cuenta.

Minas y fabricas iraníes secretas en Venezuela protegidas por el ejército chavista, reuniones en las sombras para pactar impunidad entre argentinos, sirios e iraníes, valijas cargadas de dólares y sugestivas similitudes entre los programas nucleares argentino y persa, son apenas la punta del ovillo en un tema que podría tener derivaciones explosivas.


Alguien dijo que había que acercar un detector de radiación nuclear a la investigación de Nisman y observar el resultado. Es difícil afirmar taxativamente que Argentina ayudó a través de Venezuela para que el plan nuclear iraní se desarrollara hasta su nivel actual. Pero vale la pena sacarse la duda. Después de todo, puede que esa incógnita sea la que explique porqué alguien decidió mandar a callar a un fiscal el día anterior a que acusara a una presidente de haber traicionado a su patria. 


martes, 14 de febrero de 2017

El Rey de la Patagonia: el sueño de crear una nación en el extremo sur de América, regresa un siglo y medio después.

Los gobiernos de Argentina y Chile comienzan a observar con mayor atención la rebelión de un grupo de la etnia mapuche que desafía a las autoridades y llama a crear una nación propia e independiente en el territorio que habitan en ambos lados de la cordillera de los Andes. 150 años después, las dos naciones deben frente hacer otra vez a los sueños de un líder que pretende hacer realidad sus fantasías políticas más intensas.



La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se trasformó en un problema para los gobiernos de Argentina y Chile. En ambos países existen comunidades indígenas – o “pueblos ancestrales” si se quiere ser políticamente correctos-, que reclaman con diferentes grados de éxito que se les reconozcan derechos políticos y territoriales. Pero el RAM pretende crear una nación propia regida por las leyes ancestrales mapuches, mediante una combinación de alianzas con grupos de izquierda, toma de tierras y reacciones cada vez más violentas dentro de las zonas que pretenden como propias.


Aunque la prensa relató en detalle la reciente y brutal represión que sufrieron al ser desalojados de un campo que habían tomado por la fuerza, una investigación más detallada de sus antecedentes revela un pasado de ataques incendiarios en ambos márgenes de los Andes, amedrentamientos contra pobladores “blancos” y de su propia comunidad, y un discurso independentista que pareciera unir a los activistas del movimiento en Argentina y Chile.

El líder del capítulo local del movimiento mapuche es el “weichafé” (guerrero en idioma mapuche) Jones Huala, un argentino nacido hace 31 años en la ciudad argentina de Bariloche, hijo de una pareja formada por un colono inglés y una nativa mapuche. Mientras organiza tomas de tierra en la su tierra natal, espera de un pedido de extradición del gobierno chileno bajo cargos de terrorismo, tenencia de armas de fuego e incendio de propiedades.

La pretensión de establecer un territorio autónomo liderado por el carismático Jones Huala, son el espejo de otro intento, sucedido en el siglo XIX y liderado por un líder que también quiso convertirse en regente de la Patagonia.

El rey de los aventureros franceses
La historia del Rey de la Patagonia nace en 1958, con la llegada a Chile del aventurero francés Orélie Antoine de Tounens. Luego de intentar hacerse un lugar en la sociedad chilena, Tounens decidió embarcarse en un proyecto para convertirse en monarca de un reino que jamás había existido.
En la primavera de 1960 viajó a la ciudad chilena de Coquimbo y tomó contacto con el “lonco” (“jefe” en mapuche) Quilapán, en el sur del país. Tounens le propuso al jefe más poderoso de la región la idea de crear un estado independiente y prometió que Francia protegería a la nueva nación de cualquier intento chileno para recuperar sus territorios. En esos años, Chile atravesaba un conflicto con Francia y la promesa de Tounens hizo sospechar que en realidad se trataba de un agente galo cuya misión eran desestabilizar el sur chileno para favorecer a la diplomacia de su país.

La única condición que puso el francés a los mapuches,  fue que se le reconociera como cabeza del nuevo reino que pretendía crear. El 17 de noviembre de 1860, fue entronizado Orelie Antoine I, Rey de la Patagonia, con jurisdicción sobre un gran territorio que abarcaba desde una franja el sur del río Bio Bio en Chile, hasta la rivera meridional del Río Negro en Argentina, extensión que llegaba hasta el Estrecho de Magallanes.


Aquel territorio, denominado como “la Araucania” en los papeles del nuevo rey, abarcaba al principio una porción del territorio chileno. Pero por un decreto firmado por Oreilie I apenas asumió, se anexó unilateralmente toda la actual Patagonia argentina.
En su gabinete de ministros, convivían personajes tan disimiles como el lonco Quilapán a cargo el ministerio de guerra y un refinado francés de apellido Mountret como encargado de la diplomacia. El reino contaba incluso con un parlamento formado por todos los loncos del territorio, aunque su autoridad era meramente formal debido a que en muchas poblaciones mapuches apenas supieron de su existencia. Y, en algunos poblados en lo que sí se enteraron de su carácter de monarca, lejos de considerarlo como su soberano, los nativos corrieron a denunciarlo ante las autoridades del país.

Mientras se dedicaba a visitar a los pueblos semi nómades mapuches para informarles de sus títulos nobiliarios, el monarca proclamó una Constitución propia para darle una apariencia menos ficticia a su reino. Viajaba vestido a la usanza de los loncos, con algunos toques de elegancia francesa como la levita y el bastón que, en algunas ocasiones, le servía como cetro improvisado.

Tan convencido estaba Orelie I de su personaje, que en 1862 viajó a Santiago de Chile para presentarse ante el presidente chileno Manuel Montt como soberano de un reino al sur del Bio Bio. Se sabe que el mandatario chileno lo recibió con una mezcla de incredulidad y asombro, y que le dejo ir sin saber cómo tratar a aquel extraño personaje.

La justicia chilena, en cambio, si tomó en serio a Orelie I y mandó a detenerlo por “alterar el orden público”. El francés se refugió en su territorio, pero fue traicionado por uno de sus lugartenientes. Una vez en manos de las autoridades, no fue alojado en una cárcel, sino que fue enviado al manicomio central de Santiago. Pasó un tiempo esperando el juicio, en el que finalmente defendió sus derechos reales con tanta convicción como entusiasmo.

OrelieI logró evitar una condena prolongada y apenas dejó el manicomio siete meses después de su arresto, viajó a Buenos Aires y de allí a Francia. En París, comenzó una campaña para que las coronas europeas le reconocieran como un par, cosa que jamás sucedió como era de esperarse ante una historia que despertaba más curiosidad que apoyos. 


No obstante, el carisma y los argumentos del rey patagónico fueron suficientes para convencer a algunos inversionistas franceses, quienes financiaron un segundo viaje de Orelie I a la Patagonia. Llegó a Chile en 1869 y según cuenta la leyenda, arribó acompañado por un pequeño arsenal que le serviría para iniciar una revuelta junto a los loncos que aún les eran fieles. Pero el gobierno chileno había lanzado poco antes una ofensiva en el sur para desalojar a las tribus más belicosas y el intento de regreso de Orelie I quedó en la nada. Perseguido por la justicia chilena que había puesto precio a su cabeza, regresó a Buenos Aires, desde donde intentó armar una nueva expedición en 1874. Jamás llegó a territorio chileno para reunirse con sus seguidores. Dos años más tarde, volvió a intentarlo sin éxito y en 1876 intentó regresar a Chile bajo el seudónimo de “Jean Prat”. Pero incluso un aventurero del calibre de Tounens se daba cuenta de las escasas posibilidades de lograr su objetivo y finalmente se dio por vencido.

Antes de regresar a Francia, visitó las tolderías en territorio argentino y, según cuentan las crónicas de la época, para ese entonces ya había adoptado la vestimenta y las costumbres de las tribus de la zona. Seguía creyéndose rey y los jefes locales se cuidaban de contradecirlo, con la misma amabilidad que evitaban hacer caso a sus llamados para lanzarse a una lucha para que el reino patagónico se hiciera realidad.

Tounenes falleció en Bordeaux, Francia, en 1878 y fue enterrado con su traje de rey. Poco antes de ir a la tumba admitió: “Si, he sido un completo chiflado. Pero, ¿quién iba a pensar que Francia iba a pensar que Francia podía negarse a anexar tan espléndidas colonias?”. El monarca sin tierras fue despedido al son del himno de su reino, compuesto a pedido del rey patagónico por el músico alemán Wilhelm Frick, y enterrado bajo una lápida que copia la imagen del rey de corazones de una antigua baraja francesa.


Su amigo, Gustave Achille La Viarde fue designado sucesor por Orelie I poco antes de morir. En la actualidad, los descendentes de La Viarde siguen heredándose el título nobiliario patagónico y considerándose “un gobierno en el exilio”. Aunque no hicieron ningún avance para que otras Casas reales los admitan como pares y sus derechos permanecen como una fantasía familiar, continúan la tradición de agregarse títulos nobiliarios y exhibir su bandera real con bandas azul, blanca y verde, en actos que de tanto en tanto organizan para no olvidar el reino que perdieron.



Habrá que ver su sucede si los mapuches de RAM avanzan en su reclamo, que se superpone con los terrenos que la familia real patagónica insiste en adjudicarse desde 1860. Quiere la casualidad que el último rey de la Patagonia, Felipe Alejandro Enrique Boiry, haya muerto a poco de comenzar el año 2014 sin que se designara aun un sucesor de la corona y que por primera vez no haya un noble que pueda discutirles la propiedad sobre esas regiones que los descendientes de Quilapán que hoy reclaman las mismas tierras.

En cualquier caso, los títulos que están pendientes en Francia, son tan sólidos como los que exhibe hoy Jones Huala, el líder de la organización RAM un siglo y medio después. Otra vez, un hombre repentino vuelve a reclamarse como autoridad sobre un terreno que atraviesa dos países y con un objetivo similar: crear una nueva nación en el extremo sur sudamericano en la que pueda aplicar sus reglas y la de sus seguidores tal como le sugieren sus fantasías políticas.

Los inmigrantes “malditos” del Saint Louis: el cruel antecedente de los refugiados que no pudieron entrar en los EEUU

El gobierno de Donald Trump estableció una restricción por 90 días para el ingreso a los Estados Unidos de inmigrantes de siete nacionalidades distintas. Por seis meses, se prohibió la entrada de los ciudadanos iraníes, sirios, sudaneses, libios, somalíes, iraquíes y yemenitas. Se trata de siete países de mayoría musulmana en los que operan las organizaciones integristas islámicas. Pero, además son naciones sacudidas por guerras internas que generaron un desplazamiento de refugiados de tal magnitud, que se ha convertido en una crisis humanitaria sin precedentes.


Aunque suspendida de momento por la justicia de su país, la decisión de Trump recuerda otros momentos de la historia de los EEUU, cuando anteriores presidentes decidieron cerrar las puertas a algunos grupos de refugiados judíos que escapaban de la violencia en su tierra natal a bordo del buque Saint Louis.

La maldición del Saint Louis
Los 900 inmigrantes que viajaban a bordo del buque SS Saint Louis creyeron que la pesadilla estaba cerca de llegar a su fin. Habían zarpado el 13 de mayo de 1939 desde Alemania con el propósito de llegar a Cuba y desde allí a los Estados Unidos, lejos de las deportaciones a los campos de exterminio nazis.
Muchos de ellos se habían visto obligados a liquidar sus bienes a precio vil para comprar los boletos y pagarle a los diplomáticos cubanos un soborno de hasta U$S 300 por las visas que les exigían para abordar el buque. No les faltaron compradores en la Alemania nazi; en esos días, se construyeron fortunas gracias al apuro por vender de las familias judías que deseaban salir a toda costa del infierno nazi.

El 27 de mayo, cuando el Saint Louis se encontraba frente a Cuba y los refugiados preparaban sus equipajes para desembarcar, el capitán Gustav Schroder les informó que las autoridades cubanas le habían negado el permiso para entrar en La Habana. En esos días la isla era la puerta de entrada a los EEUU y Washington había decidido presionar diplomáticamente para frenar la llegada masiva de judíos por esa ruta. Además, el gobierno cubano había tomado nota de los 40.000 manifestantes que se reunieron el 8 de mayo anterior en el centro de La Habana para “luchar contra los judíos, hasta echar al último”

El capitán Schroder y sus oficiales, todos ellos alemanes, estaban lejos de comportarse con la furia antisemita habitual de los nazis. Es por eso que, por ejemplo, habían accedido al pedido de algunos pasajeros para que el retrato de Hitler fuera retirado de los salones cuando realizaban sus ceremonias religiosas.

Al tanto del destino que les deparaba a sus pasajeros y tras una semana de esperar que los cubanos admitieran su desembarco, Schroder se dirigió a La Florida. Otra vez, afrontaron la espera frente a la costa y los pedidos en vano para que se permitiera el ingreso de los judíos alemanes. Las peticiones de los comités judíos en EEUU al presidente Franklin D. Roosevelt, no cambiaron la decisión de cerrar la puerta a la llegada de los pasajeros del Saint Louis.

Finalmente, el capitán ordenó poner rumbo de regreso a Europa. El Comité Judío Norteamericano pagó 50.000 dólares para que la empresa naviera aceptara desviar el rumbo y evitara así desembarcar a los pasajeros en Alemania. Desde ese día y hasta que atracaron en Amberes, Holanda, el 17 junio, a bordo del buque se vivió un clima de desesperación y derrota. Un pasajero decidió cortarse las venas y arrojarse al mar, antes que enfrentar el cautiverio que prometía el riesgo del retorno a Alemania. Al llegar a su destino, los 900 judíos comenzaron una batalla dispar para evitar los campos de exterminio.


El incidente del Saint Louis fue cubierto por la prensa mundial y desnudó la política de restricción selectiva de inmigrantes que llevaba adelante el gobierno norteamericano. Excusados en la necesidad de protegerse de la llegada descontrolada de inmigrantes y en la política aislacionista que propuso Roosevelt en su carrera a la presidencia, el que fuera una tierra abierta de los inmigrantes, se convirtió en un país vedado casi por completo para los que buscaban asilo frente a la violencia nazi.

Fronteras cerradas
A partir de las Leyes de Núremberg de septiembre de 1935, se hizo evidente que los judíos alemanes eran un objetivo prioritario para el nazismo. Privados de sus derechos civiles y sometidos al asedio violento de las milicias paramilitares de Hitler, emprendieron de a miles el camino del exilio. La anexión de Austria y luego de Checoslovaquia, desnudó los planes expansionistas del nazismo y llevó a comprender que la guerra que se adivinaba en el horizonte, era un riesgo potencial a todos los judíos europeos.

En la Conferencia de Evian de julio de 1938, Estados Unidos y las potencias extranjeras trataron la cuestión de los refugiados, pero no lograron ponerse de acuerdo respecto a una política para cobijar a los judíos que escapaban de las regiones dominadas por el nazismo. En ese mismo año, 36 mil judíos escaparon de territorios dominados por Hitler. Al año siguiente, que terminaría con el continente sumergido en una guerra total, el número de hebreos que escapaban se duplicó.

Ese era el contexto de la huida de los refugiados del Saint Louis. La negativa de EEUU a recibirlos, estaba basada en un impedimento legal concreto; desde 1924, regía en EEUU de un sistema de cuotas de refugiados judíos denominada “Immigration and Nationality Act” (INA), que establecía un riguroso sistema para entrar a los EEUU.

Creada con la excusa de proteger a los trabajadores locales de la competencia de los inmigrantes, en tiempos de Roosvelt la INA se reforzó con nuevas barreras burocráticas como la exigencia de un trabajo garantizado en EEUU y más tarde del requerimiento de un certificado de buena conducta expedido por las autoridades del país de origen. Estaba claro que ningún nazi iba a colaborar con un judío a la hora de entregarle tal documento para escapar de la persecución. Luego, a instancias del Secretario de Trabajo Frances Perkins, se acordó relajar las restricciones y se estableció el pago de una caución depositada por un patrocinante local, que actuaba como garantía para la entrega de visas. Sin embargo, los intentos de Perkins apenas fueron suficientes para que el cupo de visas fuera ampliado en unos pocos miles, hasta llegar a los 27.300 en 1938. Los judíos del Saint Louis, habían llegado tarde; el cupo de judíos a había sido cubierto.

Por presión de las organizaciones judías, se presentaron varios pedidos para reformular el INA ante el Parlamento norteamericano. Pero entre la mayor parte de los legisladores estaba presente el mismo temor ante la inmigración masiva y ninguno de los pedidos pudo prosperar.

Hacia 1939, el gobierno norteamericano había autorizado el ingreso de 27.000 judíos alemanes o austriacos, lo cual contrastaba con los 309.000 pedidos de refugio que habían recibido. Para ese momento, unos 400.000 judíos habían huido de territorio nazi. En Alemania y Austria, quedaron un cuarto de millón que no pudieron huir por carecer de medios para lograrlo o simplemente porque eran ancianos que no podían afrontar el rigor del exilio.

El gobierno norteamericano no fue el único que estableció cuotas de refugiados. También lo hicieron los británicos, que en los tiempos inmediatamente anteriores a la guerra fijaron un límite de 40.000 visas para judíos alemanes y austriacos. Una de las únicas excepciones fue el “Kindertransport”, el pomposo nombre que recibió el plan de 1938 para recibir 10.000 niños alemanes judíos, que fueron enviados sin sus padres a territorio británico. En EEUU, se intentó llevar adelante un plan similar para recibir a 20.000 niños desde Alemania. El proyecto de Ley conocido como “Wagner – Roberts” que lo hubiera permitido, no recibió los votos suficientes ante la negativa del presidente Roosevelt a avalarlo frente a los legisladores de su partido.

Ante las críticas de una parte de la opinión pública por la política de no asilar a los judíos, muchas de ellas surgidas luego de conocerse el caso del Saint Louis, Roosvelt se defendió de un modo curioso. El 5 de julio de 1940, se justificó diciendo que “Ahora bien, por supuesto, se debe controlar al refugiado porque, lamentablemente, hay algunos espías entre los refugiados, tal como se ha comprobado en otros países. Y no todos ellos son espías voluntarios. Es una historia bastante horrenda, pero en algunos de los otros países a los que han ido los refugiados alemanes, especialmente los refugiados judíos, descubrieron una gran cantidad de espías absolutamente comprobados”. Y para disminuir el nivel de los cuestionamientos, apoyó un proyecto de su asesor, James Mc Donald, para que se concedieran visas especiales a intelectuales y científicos judíos como Albert Einstein y Sigmund Freud que huían de Europa.

Desde el momento en que estalló la guerra en Europa, unos 400.000 judíos habían logrado huir del continente. Los cupos estrictos y las limitaciones del INA lograron que apenas 90.000 de ellos, unos de cada cuatro de los pretendían hallar refugio en EEUU, recibieran el permiso.


En 1941, una nueva ley nazi había prohibido la inmigración de los judíos. Con las tropas de Hitler estacionadas en la mayor parte de Europa, aquello significó una condena a muerte a manos de las escuadras de la Gestapo especializadas en la captura de fugitivos. Entre ellos, estaban los refugiados del Saint Louis, que tras el regreso fueron recibidos por Holanda, Francia y Bélgica. Cuando las tropas de la Wermacht ocuparon esas naciones, tuvieron que iniciar otra vez la huida. De los 900 pasajeros judíos del Saint Louis, 250 fueron capturados y enviados a los campos de concentración nazis, desde donde nunca más volvieron.

El ingreso de EEUU a la guerra en 1941, relajó las restricciones al ingreso de judíos a los EEUU. En total, unos 200.000 europeos de esa comunidad llegaron a ese país hasta la fecha de la derrota alemana, aunque las fechas de su ingreso indican que para ese momento la mayor parte de sus familiares ya habían perecido a manos de las escuadras de la Gestapo o en los campos de la muerte que manejaban los SS alemanes.

Gran Bretaña cubrió su cupo de 40.000 refugiados. Del resto, unos 60.000 huyeron a Palestina, en donde afrontaron una nueva odisea para entrar a las tierras administradas por los británicos, que intentaron frenar su ingreso a costa de cientos de víctimas. Unos 75.000 judíos llegaron a América Central y del Sur. En algunos países como Argentina, las leyes de inmigración que prohibían expresamente el ingreso de judíos obligaron a que muchos ingresaran con documentos falsos o por pasos fronterizos remotos. Otros, viajaron tan lejos como la ciudad china de Shangai, en donde los japoneses toleraron con curiosa paciencia la llegada de 18.000 judíos.

Hoy y ayer, el mismo drama
La política de restricción al ingreso de determinados grupos nacionales no es una novedad ni en los EEUU ni en la mayoría de los países occidentales que hoy intentan hacer frente a la marea humana generada por los conflictos actualmente en su periferia. De acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, solo el conflicto sirio provocó la huida de 4,85 millones personas. El total de refugiados mundial en 2017, según estimaciones de la misma agencia, trepa a los 18 millones de seres humanos, la mayoría de las cuales provienen de los siete países contemplados en la restricción de visas firmada por Trump.


La historia del Saint Louis, se vuelve a repetir en miles de formas cada vez que los gobiernos de occidente planean restricciones, cupos o hacen culto a las políticas aislacionistas. El cierre de las fronteras y los esfuerzos para que algunos grupos nacionales regresen a sus tierras de origen, significa una condena a muerte en suspenso. Es lo que vale para los yasidíes iraquíes y sirios perseguidos por el ISIS, lo mismo que para cristianos y babilonios sirios cuyas comunidades fueron destrozadas por los fanáticos islamistas. La lista de comunidades alcanzadas por la lista de Trump es más amplia: sudaneses católicos que huyen de las bandas islamitas, los eritreos que escapan de la revancha de los etíopes, libios seculares que escapan de los integristas musulmanes que dominan algunas regiones del país tras la caída del dictador Gadafi o los somalíes que huyen de la guerra entre facciones que sacude a ese país desde hace décadas.

Para tomar un ejemplo, se calcula que en 2003 la comunidad cristiana iraquí reunía a un millón de personas. La guerra y el fanatismo religioso, disminuyó ese número a la cuarta parte. Muchos murieron ejecutados por los verdugos del ISIS y otros grupos integristas. El resto, huyó para no correr la misma suerte.

La enorme ironía que hace que la historia del Saint Louis siga vigente es que, otra vez, el escenario de errores, intereses internos y omisiones vuelve a repetirse. Y los políticos de los países que reclaman un freno estricto a la llegada de refugiados, provienen de la misma casta que en gran medida contribuyó con la creación del clima propicio para la huida masiva de ciudadanos de las tierras en conflicto.

La Alemania nazi fue un producto de las imposiciones de posguerra hechas por EEUU y las potencias que triunfaron en la Primera Guerra Mundial. Su expansionismo, el resultado del aislacionismo norteamericano y la tibieza política de sus aliados, que les impidieron frenar a tiempo la locura bélica de Adolfo Hitler. La historia del barco con 900 refugiados judíos no hubiera ocurrido de no haberse producido semejante sucesión de hechos.

En los siete países que figuran en la lista de Trump, sucede nuevamente la misma concatenación de factores. Las anteriores administraciones en Washington contribuyeron a que Libia, Siria, Irak y el resto de los países experimentaran cambios políticos profundos que condujeron a los actuales conflictos. La guerra y posterior ocupación de Irak desde 1991 es la explicación más decente para explicar no solo a los refugiados, sino además el surgimiento de los grupos radicalizados que obligaron a huir a millones de ciudadanos. El mismo juego de intereses e intervenciones se repite en las otras seis naciones cuyos habitantes se encuentran ahora alcanzados por la prohibición de ingreso.



El presidente Donald Trump no intervino en el juego previo que condujo a los conflictos que generan la crisis de refugiados, pero sí decidió hacerle caso a los reclamos que recogió en su campaña presidencial de parte de sectores locales –muy amplios, por cierto -que pedían lo mismo que sus compatriotas un siglo antes: frenar el ingreso de mano de obra extranjera, aislarse de las consecuencias de la violencia en otros países y proteger a la patria de la llegada de “espías” peligrosos, como supo especular Roosevelt en su momento.

Regresemos por un momento al año 1939 y a los pasajeros del Saint Louis. En los camarotes, había hombres y mujeres de todas las edades, que buscaban rehacer su vida tras escapar de una muerte asegurada. Y encontraron un muro de excusas y  razones de parte de países que habían colaborado para crear las condiciones que los llevaron hasta sus costas.


El reciclaje de ideas y los escenarios que se repiten, son un signo de las historias que nunca se resuelven de un modo positivo. Es lo que sucedió con el viaje de los 900 judíos que iban a bordo del Saint Louis. Los 250 que fueron asesinados por no haber sido recibidos, reclaman que al menos se revise la historia para no cometer, otra vez, la misma clase de errores.